El largo brazo de la represión transnacional venezolana en medio de la transición geopolítica regional
Caracas, 19 de febrero de 2026. América Latina atraviesa un reacomodo geopolítico sin precedentes tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. Venezuela vive una transición compleja que combina cooperación militar con Estados Unidos, reapertura petrolera, debate sobre una controvertida Ley de Amnistía y denuncias crecientes de represión transnacional contra la disidencia en el exterior.
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Venezuela y EE. UU.: seguridad, petróleo y transición democrática
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión en Caracas con el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, para avanzar en una agenda conjunta contra el narcotráfico y el terrorismo. Este encuentro forma parte del “plan de tres fases” impulsado por la administración de Donald Trump, que contempla estabilización, recuperación económica y transición democrática.
En paralelo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. otorgó licencias que permiten a empresas petroleras pagar impuestos en Venezuela siempre que los fondos se depositen en cuentas bajo supervisión estadounidense. Repsol anunció su regreso progresivo con la meta de triplicar su producción, mientras Washington estima que las ventas de crudo podrían superar los diez mil millones de dólares anuales.
Ley de Amnistía: controversia y exigencias de verdad
La Asamblea Nacional retomó el debate del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. El punto más polémico es la exigencia de que los beneficiarios reconozcan los hechos imputados para acceder a la medida.
Organizaciones como Foro Penal, Justicia, Encuentro y Perdón y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denuncian que esta condición revictimiza a los detenidos y obliga a validar acusaciones que consideran fabricadas. Actualmente, entre 600 y 900 presos políticos continúan privados de libertad, mientras familiares en Caracas superan las 120 horas en huelga de hambre exigiendo liberaciones plenas.
Represión transnacional y control en el exterior
Un informe de la ONG Un Mundo Sin Mordaza documentó 326 casos de persecución contra opositores venezolanos en el exilio, incluyendo estigmatización pública, vigilancia y uso de servicios consulares como mecanismo de presión. Expertos advierten que el “largo brazo” del aparato represivo se ha extendido más allá de las fronteras, afectando a la diáspora en América y Europa.
Disputa por el Esequibo y tensión regional
En el plano territorial, Guyana reafirmó que defenderá su soberanía sobre el Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia, mientras Caracas propone una “negociación de buena fe” basada en el Acuerdo de Ginebra de 1966 y rechaza la jurisdicción de la CIJ. La controversia mantiene en alerta a la región y añade un elemento de incertidumbre diplomática.
Panorama internacional: Perú, Gaza y el eje Cuba-Rusia
En Perú, José María Balcázar asumió la Presidencia interina tras la censura de José Jerí y garantizó elecciones libres para abril de 2026.
En Washington, Donald Trump inauguró la Junta de Paz para la reconstrucción de Gaza, comprometiendo diez mil millones de dólares en apoyo financiero, mientras otros países aportan cinco mil millones adicionales.
Por su parte, Vladimir Putin recibió en Moscú al canciller cubano Bruno Rodríguez y ratificó el respaldo ruso ante la crisis energética que enfrenta la isla tras la interrupción del suministro venezolano.
Situación judicial de Nicolás Maduro
Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en Nueva York, acusados de narcotráfico, conspiración para importar cocaína y utilización de infraestructura estatal para el envío de estupefacientes. La próxima audiencia judicial está fijada para el 26 de marzo. Maduro se ha declarado inocente y “prisionero de guerra”.
La caída de Maduro no ha significado el fin inmediato de las tensiones en Venezuela. La transición está marcada por cooperación internacional, apertura petrolera y presión por elecciones libres, pero también por denuncias de represión persistente y conflictos territoriales.
El éxito del proceso dependerá de la capacidad del gobierno interino para garantizar derechos humanos, desmontar estructuras de persecución y convertir el actual reordenamiento geopolítico en una transición democrática auténtica y sostenible.
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