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Opinión FT: Se acaba el tiempo para llegar a un acuerdo con Cataluña

En 1977, un millón de personas se manifestaron en Barcelona para exigir la restauración del gobierno de Cataluña.

Fue un ejemplo festivo de unidad entre partidos que puso de manifiesto el papel de liderazgo que Cataluña iba a desempeñar en forjar el consenso que llevó la transición española a la democracia. Pero 40 años después la situación es muy distinta.

En la Diada del 11 de septiembre de este año, los que se manifestaron fueron los separatistas que quieren la independencia de Cataluña, como han hecho desde 2012.

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Estas manifestaciones no han conseguido nada tangible, pero ponen en peligro el orden democrático de España.

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Los radicales secesionistas han suplantado a los dirigentes catalanes, reavivando el nacionalismo español en el resto de España y dividiendo a la izquierda en Cataluña y en todo el país.

La estrecha mayoría separatista en el parlamento catalán ha prometido celebrar un referéndum sobre la independencia el 1 de octubre.

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Dicen que un resultado de Sí sería vinculante, cualquiera que fuese la participación. El Tribunal Constitucional ha declarado que el plebiscito es ilegal según la Constitución de 1978. Ha prohibido el referéndum y amenaza con llevar a juicio a los que lo defiendan. Esto ha dividido a Cataluña y a España.

Sin embargo, aunque las encuestas muestran que la mayoría de los catalanes cree que tiene derecho a votar sobre su propio futuro, como hizo Escocia en 2014, el mejor resultado obtenido por los partidarios de la independencia ha sido del 47,7% en las elecciones autonómicas de hace dos años, lejos de la mayoría necesaria para legitimar una ruptura con España, sobre todo para los numerosos inmigrantes españoles que viven en Cataluña.

En comparación con la protesta cívica de esta semana, el espectáculo de la policía española tratando de confiscar urnas y papeletas electorales ilícitas no es edificante.

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Los líderes separatistas son conscientes de que han alcanzado el máximo de apoyo y seguramente les gustaría recibir una respuesta dura de Madrid para conseguir más adeptos.

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El inflexible Rajoy ha insinuado establecer un nuevo diálogo con Cataluña, pero lo más probable es que considere el tema como una sedición que hay que aplastar y no como un problema político que hay que resolver.

Cuando Rajoy subió al poder, se negó a discutir un término medio entre el statu quo y la separación que según las encuestas apoyaba la mayoría de los catalanes: una Cataluña con mayor autonomía fiscal y un poder más descentralizado.

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El optimismo separatista puede ser exagerado. Podemos, cuyos aliados dirigen Barcelona y que defiende el “derecho a decidir”, está dividido. El ayuntamiento de Barcelona ha declarado que dará libertad a sus funcionarios en la votación debido a los riesgos legales que implicaría no hacerlo.

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En cualquier caso, la mayoría de los habitantes de Barcelona están en contra de la independencia.

Un debate estéril sobre la legitimidad y las sutilezas legales no resolverá el problema.

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Un buen punto de partida sería abordar la idea catalana de que Madrid se queda un porcentaje excesivo de sus impuestos, mucho mayor que el de los vascos.

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Jordi Alberich, director general del Cercle d’Economia, un grupo de expertos catalán no partidista, sugiere que se cree una nueva institución con “responsabilidad compartida para recaudar y distribuir los impuestos y que sea sobre todo transparente y justa”.

Pero si Madrid continúa utilizando la constitución española como algo inamovible en lugar de como un documento vivo que sirva a los intereses de un estado moderno dinámico y en evolución, el tiempo para que impere el sentido común se acabará pronto.

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